Sacco y los martilleros promueven una ley para facilitar el acceso a la vivienda en la Provincia

El Colegio que nuclea a los martilleros bonaerenses presentó un proyecto para crear un Régimen de Alquiler Social, destinado a facilitar el acceso a viviendas para sectores de menores ingresos. La iniciativa fue presentada ante el diputado Rubén Eslaiman y propone establecer un esquema específico dentro del mercado locativo provincial.

Entre los representantes del sector que participan de la propuesta se encuentra José María Sacco, titular del Colegio de Martilleros de San Martín. El proyecto plantea que el alquiler social tenga inicialmente un tope mensual de $388.000, equivalente al salario básico correspondiente a la categoría 20 de un trabajador estatal provincial con una jornada de 48 horas.

Para los inquilinos, la iniciativa contempla la eliminación de honorarios de martilleros y corredores, que quedarían a cargo de los propietarios. También propone facilitar el acceso a informes del Registro de la Propiedad Inmueble, establecer mecanismos gratuitos para la presentación y certificación de contratos y eliminar determinados costos vinculados con los servicios públicos, como conexiones, reconexiones y cambios de titularidad.

El proyecto también establece incentivos para los propietarios que incorporen inmuebles al régimen, entre ellos beneficios fiscales. Además, plantea que los municipios puedan adherir mediante la exención de tasas y otros tributos relacionados con las propiedades alcanzadas por el programa.

La propuesta parte de un aumento sostenido de la cantidad de hogares que alquilan y de las dificultades que enfrentan los sectores de menores ingresos para acceder a una vivienda. Según los fundamentos del proyecto, la proporción de hogares inquilinos pasó del 13% en 2007 al 18,4%, mientras que en distintas regiones del país el crecimiento de los hogares que alquilan superó el 50%.

El proyecto sostiene que la política habitacional requiere una intervención estatal y plantea una articulación entre inquilinos, propietarios y profesionales inmobiliarios. En ese sentido, los impulsores remarcan que los martilleros y locadores no deben reemplazar al Estado en su responsabilidad habitacional, pero consideran que un esfuerzo conjunto puede facilitar el ingreso al mercado de alquiler de los sectores sociales de menores ingresos.